Al Gobierno se le acaba el tiempo para conseguir los apoyos de sus aliados parlamentarios para evitar que el Congreso derribe la última prórroga del decreto de medidas sociales puesto en marcha para combatir la crisis derivada de la guerra de Ucrania. El plazo para debatir y convalidar este texto termina el jueves y, por el momento, el Ejecutivo no tiene asegurados los votos suficientes para sacarlo adelante. Podemos insiste en que no piensa votar a favor del texto mientras no se retire el recorte al bono social eléctrico que contiene, y otros aliados como ERC también siguen negociando.
Por ahora, de los habituales aliados parlamentarios del Gobierno, tan solo EH Bildu ha confirmado su apoyo a la convalidación de un decreto que incluye medidas como la moratoria de desahucios hipotecarios o la rebaja del IVA al 0% para el aceite de oliva. Pero la luz verde de los abertzale —a cambio de extender la prohibición de cortar suministros básicos a las familias vulnerables y de prorrogar la tarifa regulada para calderas comunitarias hasta enero de 2025— no es suficiente: al Ejecutivo le hace falta también el voto a favor de ERC, Junts, PNV y Podemos. Y ninguno de ellos puede faltar para que la votación no se vaya al traste, lo que supondría una durísima derrota para el presidente Pedro Sánchez en un asunto muy delicado.
Pese a lo apretado de los números y también del calendario, no obstante, las negociaciones avanzan a paso lento. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se limitó a afirmar el miércoles que las conversaciones con el PSOE para convalidar el decreto simplemente "van", aunque mostró su confianza en que "sea realmente un decreto que ayude a la gente". Más frías son las fuentes de Podemos consultadas, que aseguran que siguen "a la espera de una respuesta" de la Moncloa tras haber hecho llegar al Gobierno sus posiciones hace dos semanas.
El motivo por el cual los morados aún no han confirmado su apoyo al decreto anticrisis es el recorte del bono social eléctrico, por el cual desde junio de 2022 los hogares con menos recursos se han visto beneficiados por un incremento muy notable en la ayuda que reciben para poder costearse la electricidad. En concreto, los consumidores considerados "vulnerables" —familias numerosas, perceptores de la pensión mínima o personas con ingresos por debajo de los 12.600 euros al año— reciben un 65% de descuento en la tarifa de la luz. Y aquellos hogares "vulnerables severos" —familias numerosas con ingresos menores a 16.800 euros al año, hogares de una sola persona que viven con menos de 6.300 euros anuales o perceptores del ingreso mínimo vital— tienen derecho a una reducción del 80% en el precio de la luz.
Según establece el decreto que se someterá a debate esta semana, dichos porcentajes de descuento ampliados se mantendrán tan solo hasta el mes de octubre. A partir de ahí, el Ejecutivo ha diseñado una senda para ir reduciendo poco a poco el descuento del que se benefician las familias perceptoras de la ayuda, un plan por el cual el porcentaje de la factura que sufraga el Estado irá bajando 7,5 puntos porcentuales cada trimestre y que Podemos rechaza de plano.
Según esta senda, por tanto, a partir de octubre los hogares vulnerables se beneficiarían solo de una reducción del 57,5% en el precio de la luz y los vulnerables severos pasarían a tener un descuento del 72,5%. Cada tres meses se irá aplicando progresivamente una nueva bajada, y la senda terminará de transitarse en julio de 2025, cuando el descuento a familias vulnerables se quedará en un 35% y el destinado a vulnerables severas, en un 50%. El decreto admite el "impacto en los consumidores más vulnerables" que tendrá esta decisión, pero también resalta que el porcentaje de descuento total que proporcionará el bono social una vez acabe su recorte progresivo, en julio del año que viene, será "mayor que el establecido" antes del inicio de la guerra de Ucrania.
Hace un par de semanas, Sumar aseguró tajantemente que en el decreto no existe "ningún recorte" pese a lo tozudo de los números, ya que un 35% de descuento es un porcentaje menor que un 65%. No obstante, la formación que lidera Yolanda Díaz también aseguró que Sumar estaba "ya hablando con el PSOE" para convertir en permanentes algunas de las medidas que ahora mismo son temporales. Consultadas al respecto, no obstante, fuentes del equipo de Díaz dicen ahora que "esto ya ha pasado por Consejo de Ministros" y que "la negociación ya se produjo" y, por tanto, Sumar no va a presionar al PSOE para intentar retirar el recorte.
Los socialistas, por su parte, evitan dar cualquier tipo de detalle en relación a su negociación con los grupos parlamentarios para evitar que caiga el decreto anticrisis y se limitan a mostrar su confianza en que "el Congreso apruebe un paquete de medidas que es necesario". Se trata del mismo mensaje que lleva días trasladando la Moncloa, a pesar de que en la última semana ninguno de sus aliados parlamentarios ha anunciado públicamente el apoyo al texto, a excepción de EH Bildu, y de que, ha apurado los plazos hasta el final ante la posibilidad real de que el decreto caiga.
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